Los costes de la justicia como parámetro para evaluar el grado de eficiencia de la justicia civil
| Autore | Tiziana di Ciommo |
| Pagine | 59-72 |
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La eficiencia del sistema judicial representa una condición indispensable para promover y garantizar el buen funcionamiento del sistema económico. Los recientes estudios realizados en el ámbito de la economía del derecho han puesto de manifiesto como un sistema ineficiente repercute negativamente sobre los mercados financieros generando graves pérdidas para la economía nacional. En concreto, las repercusiones que la ineficiencia de la justicia produciría sobre la economía nacional tendrían como principales efectos distorsionar el mercado del crédito, mermar las condiciones de sobrevivencia de pequeñas empresas, comprometer el crecimiento de aquellas de grandes dimensiones, alterar las condiciones concurrenciales del mercado, reducir el nivel de competitividad del sistema, desincentivar la inversión de capitales extranjeros y, en definitiva, descomponer el equilibrio económico en detrimento de la realidad productiva interna29.
Dicho lo anterior, no debería sorprender observar como según el Banco Mundial uno de los parámetros que debe tenerse en consideración a la hora de evaluar la eficiencia de la justicia civil es precisamente el relativo al coste generado por la administración de justicia destinado a incidir inevitablemente sobre las decisiones de todos los sujetos económicos. Pues bien, dicho coste tendría básicamente una
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doble naturaleza configurándose, por un lado, como coste directo, que grava al sujeto como parte procesal obligada al pago de los gastos estrictamente relacionados con el proceso y, por otro lado, como coste indirecto, que grava al sujeto como contribuyente obligado a sustentar el balance estatal en materia de justicia mediante el pago de impuestos ocultos. Sin embargo, a ello habría que añadir el ulterior coste, menos visible u oculto, que las arcas públicas del Estado Italiano debería soportar para hacer frente a las disfunciones del sistema y, en concreto, a las crecientes demandas de indemnizaciones por violación del derecho a la razonable duración del proceso que influirían, en un porcentaje relevante, sobre el presupuesto estatal.
En consecuencia, consideradas las implicaciones económicas que tales costes tendrían sobre el sistema globalmente considerado, los mismos serán objeto de análisis distinto a los que dedicaremos los siguientes apartados30.
Los costes directos de la justicia están integrados por los gastos judiciales que tienen su origen inmediato en la existencia de un proceso (tasa judicial, publicidad, etc) y por los costes legales relacionados con los honorarios de los distintos profesionales que intervienen en el proceso (abogado, perito, etc). Pues bien, tales costes directos su-
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mariamente indicados son los que un sujeto viene obligado a sufragar precisamente por el hecho de ostentar la condición de parte procesal. Partiendo de dicha premisa, si limitásemos el análisis a los países de la Unión Europea cuyas economías han sido comparadas por el Banco Mundial en la Memoria Doing Business 2010, sería posible observar como Italia destacaría en el panorama internacional por sus elevados costes directos. Efectivamente, partiendo de Luxemburgo con un coste expresado en términos porcentuales del 9,7% respecto al crédito reclamado y, pasando por Alemania con un coste del 14,40%, España del 17,20%, Francia del 17,40%, Reino Unido del 23,40%, encontraríamos en los últimos puestos de la clasificación, Italia, con un coste porcentual del 29,90% respecto al crédito reclamado. Véase, al respecto, la Memoria del Banco Mundial, Doing Business 2010, relativa a los países de UE31.
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Fuente: World Bank, Doing Business (Data 2010)
La situación no variaría si el análisis viniese ampliado a los países del área de la OCDE, cuyas economías han sido de la misma forma comparadas por el Banco Mundial. También en este caso, Italia se situaría en el ranking internacional antes de Eslovaquia, Suecia y República Checa, registrando un coste del 29,90% respecto al crédito reclamado, que superaría en 10,70 puntos porcentuales el coste medio fijado en un 19,20% respecto al crédito reclamado, como puede comprobarse en la Memoria Doing Business 2010, relativa a los Países del área OCDE.
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Fuente: World Bank, Doing Business (Data 2010)
En definitiva, a la luz de tales datos estadísticos, que son los únicos actualmente disponibles a nivel internacional, resulta evidente que los costes de acceso a la justicia en países como Italia, Eslovaquia y Suecia serían muy elevados comparados con los de otros países con el mismo grado de desarrollo económico. Por lo tanto, en relación con tales países, será necesario proceder con carácter urgente a una política de reducción de costes, puesto que en caso contrario sería inevitable la conclusión en el sentido de reconocer, como ya manifestó en reiteradas ocasiones el Banco Mundial, que «en muchos países sólo los ricos pueden afrontar el coste de ir a juicio, mientras que para el resto, la justicia está lejos de su alcance»32.
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Los costes indirectos están integrados por todos aquellos gastos en infraestructuras de edificios, equipamientos mobiliarios y personal judicial o auxiliar, que vienen asumidos por las arcas públicas nutridas por el sistema tributario del Estado o de otros entes territoriales con capacidad legal recaudatoria, necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la administración de la justicia. Tales gastos en materia de justicia, además de constituir un relevante coste público que incrementa el presupuesto estatal, representan un oneroso coste social que grava a los sujetos obligados a sufragar el erario público, mediante el pago de impuestos ocultos. Partiendo de dicha premisa, analizar los presupuestos en...
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